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Septiembre de 2016
El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordó actualizar su Política de Pueblos Indígenas, luego de que una investigación determinara que el banco incumplió esta y otras políticas operativas al aprobar una inversión en el Proyecto Eólico Mareña Renovables. El proyecto, previsto para desarrollarse en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, iba a ser el parque eólico más grande de Latinoamérica. Sin embargo, generó una intensa oposición por parte de las comunidades indígenas, quienes temían que el parque eólico interfiriera con sus tradiciones culturales, limitando el acceso a sus sitios sagrados y dañando la pesca, su principal fuente de alimento e ingresos.
El Centro de Recursos Jurídicos Indígenas ayudó a siete comunidades indígenas a obtener un análisis de la decisión de financiamiento por parte del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID. El MICI concluyó su investigación y, en un informe publicado recientemente, confirmó que el BID incumplió sus obligaciones, en particular en materia de transparencia, consulta, análisis y planes de mitigación de los impactos sociales del proyecto.
“Me complace ver que el MICI ha ampliado los límites de su mandato al promover las lecciones aprendidas de la investigación para buscar mejoras en las operaciones actuales y futuras del banco”, afirma Leonardo A. Crippa, abogado sénior de ILRC que representa a las comunidades en su denuncia. Además de actualizar la Política de Pueblos Indígenas, el MICI sugirió que el Banco creara directrices para abordar situaciones de conflictos ambientales o sociales significativos.
El Directorio Ejecutivo del BID aprobó plenamente todas las recomendaciones y encargó a la administración del banco que preparara un plan de trabajo para su implementación.
Crippa anticipa que los cambios operativos inspirados por este caso serán de gran alcance debido a los recientes cambios estructurales en el banco: la creación de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que ahora gestiona los préstamos al sector privado, mientras que el BID mantiene la supervisión de las inversiones del sector público. El MICI tramita quejas tanto contra el BID como contra la CII, y ambos participaron en los procedimientos de la investigación de Mareña.
Al aprobar el informe del MICI, los Directores reconocieron que, para que el banco trabaje con mayor eficacia, debe garantizar que el marco institucional y regulatorio de los proyectos que involucran a comunidades indígenas se base en las mejores prácticas internacionales. El BID adoptó su Política sobre Pueblos Indígenas en 2006. Desde entonces, tanto las Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos han adoptado declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Es evidente”, afirma Crippa, “que la Política del Banco sobre Pueblos Indígenas no cumple con los estándares legales establecidos por las declaraciones”. Añadió que, debido a su enfoque regional, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA reviste especial relevancia para el BID. “También ha llegado el momento de que el Banco actualice sus políticas operativas, vigentes hace una década, con un enfoque en temas sociales, especialmente en los indígenas”