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El 9 de octubre, el Centro organizó una mesa redonda para destacar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el impacto de las actividades de desarrollo financiadas por el Banco Mundial. El evento, "Tierras de los pueblos indígenas y desarrollo: intervenciones del Banco Mundial y lecciones aprendidas", se celebró en la sede del Banco Mundial en Washington, D. C.
El panel reunió a expertos en desarrollo y derechos indígenas para identificar cuestiones clave relacionadas con los pueblos indígenas y sus tierras. Basándose en ejemplos de proyectos anteriores financiados por el Banco, los panelistas demostraron que, cuando las tierras de los pueblos indígenas están en juego, los resultados del desarrollo suelen depender del grado en que los proyectos reconozcan la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras y recursos, así como sus derechos de propiedad colectiva sobre ellos.
Liza Grandia, Profesora Asociada de Estudios Nativos Americanos en la Universidad de California-Davis, describió cómo un proyecto de administración de tierras financiado por el Banco Mundial en Guatemala, que operó en un contexto legal que no protegía suficientemente los derechos de propiedad colectiva del pueblo maya q'eqchi, terminó resultando en apropiaciones de tierras y la pérdida de lugares sagrados. "Encontramos que el 46% de los pequeños agricultores habían vendido o se habían visto obligados a vender sus tierras en los últimos cinco años", declaró Grandia. Si bien los pueblos indígenas tenían derecho, en virtud de los Acuerdos de Paz de Guatemala, a reconstituir sus tierras comunales, Grandia explicó que "durante la ejecución de este proyecto, ninguna comunidad tuvo la oportunidad de tomar decisiones distintas a la titulación privada a la que se les había encauzado durante la guerra civil"
Alf Jerve, miembro del Panel de Inspección del Banco Mundial, encargado de investigar las quejas de las comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco, describió las lecciones aprendidas durante las investigaciones del panel. Si bien las políticas del Banco exigen que se preste especial atención a los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas, explicó Jerve, "observamos que algunas de estas salvaguardias no se aplicaron o no se aplicaron eficazmente". Jerve también observó que, en algunos casos, se dio menos prioridad a la titulación colectiva de tierras que a la individual, y que los planes de proyecto no incluían un análisis jurídico suficiente de la protección del uso consuetudinario de la tierra y los derechos sobre la tierra.
Isabel Lavadenz-Paccieri, exjefa de equipo de proyecto del Banco Mundial, describió el proyecto para demarcar y titular territorios indígenas en Nicaragua y apoyar la reforma legal que reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en aplicación de la histórica sentencia Awas Tingni de la Corte Interamericana. Como resultado del proyecto, más de quince comunidades indígenas obtuvieron su titulación en Nicaragua. Además, el proyecto tuvo un efecto multiplicador en la región del Caribe, al propiciar la demarcación y la titulación que beneficiaron a más de 130 comunidades indígenas.
El Centro aboga por que, en la actualización de las políticas y estrategias del Banco, se fortalezca la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y los recursos. "El Banco Mundial debe aclarar los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus tierras dentro del marco de salvaguardias del Banco", explicó Leonardo Crippa, abogado sénior del Centro. "Esto es importante para el Banco a fin de lograr mejores resultados de desarrollo, prevenir conflictos de tierras y orientar a los países para que fortalezcan sus sistemas de gobernanza de la tierra"
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