Por Rick Kearns, corresponsal de Today.
Publicado el 2 de abril de 2009; Actualizado el 6 de abril de 2009.
WASHINGTON - Líderes indígenas de cuatro países latinoamericanos llegaron a Washington D.C. el mes pasado para afirmar que sus respectivos gobiernos están criminalizando su derecho a protestar, impidiéndoles buscar justicia.
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Declaración ante la CIDH. Foto de Shayda Naficy. |
Esta iniciativa forma parte de un movimiento relacionado que busca la aprobación de una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Líderes destacan abusos contra los derechos humanos y la necesidad de una Declaración Estadounidense sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ( |
“Vinimos aquí porque estamos defendiendo a nuestra madre, Pachamama”, dijo Miguel Palacin Quispe, presidente de la CAOI y de la Confederación Nacional de Comunidades Peruanas Afectadas por la Minería, en las audiencias del 20 de marzo.
“Somos víctimas de esta criminalización y persecución… por los miles de casos de violaciones de derechos humanos en nuestros territorios hemos solicitado esta audiencia”, declaró Palacin Quispe en su testimonio ante la CIDH, que actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El líder peruano habló ante los comisionados sobre los problemas del “modelo extractivo” de negocios en Perú, en el que las grandes compañías petroleras y de otros sectores participan en una “explotación irracional”, causando “enormes daños y contaminación” a los territorios indígenas.
"Estos nuevos vecinos, las multinacionales, han situado sus batallas en nuestros territorios y nos han puesto en una posición en la que tenemos que defendernos."
Uno de los casos peruanos que presentó ante la comisión fue el de 29 activistas indígenas que, después de solicitar un diálogo con representantes de la empresa minera y del gobierno que llegaron a su territorio sin consultarles, fueron capturados, retenidos como rehenes y luego torturados por la Policía Nacional del Perú durante tres días en julio de 2005.
Su presentación se centró principalmente en acontecimientos más recientes.
“Ahora se sabe”, afirmó Palacín Quispe, “que 18 etnias colombianas están en peligro de extinción y por ellas nos movilizamos, por ellas protestamos y no existe ningún mecanismo para afrontar esta situación… nos hemos convertido en objeto de asesinatos, torturas y encarcelamientos”.
En muchas zonas, nos impiden ejercer nuestro derecho constitucional a movilizarnos y protestar; y la estrategia del Estado ahora es cambiar las leyes... así que criminalizan la disidencia, y en Chile, contra el pueblo mapuche, utilizan la ley antiterrorista. También buscan privatizar tierras públicas y, al mismo tiempo, incrementan la presencia militar en nuestros territorios.
Para Juan Edgardo Pai, líder Awa de Colombia y uno de los ponentes en la audiencia, el tema de la militarización es muy importante.
«La militarización de nuestro territorio ha traído consigo terribles problemas», declaró Pai en una entrevista telefónica con Indian Country Today tras su testimonio ante la comisión. Se refirió a la reciente masacre de 27 awa a manos de las FARC y a otras situaciones similares. «Cuando hay conflictos armados, muchas personas son desplazadas y muchos awa han muerto a causa de sus minas antipersona».
"Nuestra gente sigue atrapada por algunas de esas minas. Las fumigaciones también han causado muertes; muchos de nuestros niños han muerto envenenados."
Pai afirmó que el gobierno colombiano no ha hecho nada para ayudar a los desplazados y a los miembros de su comunidad que sufren. Señaló el reciente esfuerzo por encontrar a algunas de las víctimas de la última masacre como ejemplo de la frustración del pueblo Awa con el gobierno.
"Vine aquí no solo por la masacre", relató Pai, "sino también por la política del [presidente colombiano] Uribe, que no responde a nuestras necesidades y hemos visto tantas violaciones de nuestros derechos... Les informamos también sobre las amenazas de los paramilitares y no han hecho nada".
"El gobierno colombiano se ha olvidado de nosotros."
Si bien los testimonios presentados en las audiencias fueron trágicos, la visita arrojó algunos resultados positivos, según el abogado Leonardo Crippa, del ILRC. Afirmó que el Comisionado de la CIDH, Víctor Abramovich, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, mostró un gran interés en dar seguimiento a los testimonios y en realizar una visita a Colombia junto con el Relator Especial de la ONU.
"Otra solicitud que creíamos que recibiría seguimiento era nuestra petición a la comisión para que realizara un análisis comparativo de los 11 decretos peruanos adoptados por el gobierno peruano en 2007, conocidos como las Leyes Forestales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos para determinar si esta legislación nacional se ajusta a las normas internacionales en materia de derechos humanos."
Crippa señaló que estas mismas leyes se están utilizando para encarcelar a activistas indígenas que han liderado protestas en Perú y que ese problema, junto con una de las situaciones en Colombia, son razones por las que debería haber una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas separada.
"Esta declaración regional es necesaria para reflejar las particularidades regionales, especialmente aquellas que no se reflejaron en la Declaración de la ONU."
En su reunión con funcionarios del Departamento de Estado, Palacin Quispe abordó el mismo tema.
"En esa reunión afirmamos que si es cierto que la administración Obama implica un cambio en la política estadounidense, sus funcionarios pertinentes deberían participar en el próximo debate de la OEA sobre el Proyecto de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y desbloquear el proceso para que este instrumento internacional sea finalmente adoptado", escribió en un comunicado de la CAOI.
En un comunicado que resume las audiencias, la CIDH instó a la aprobación de la Declaración Americana, además de denunciar las situaciones que obligaron a los líderes indígenas a abandonar sus propios países para buscar justicia.
La CIDH condena los asesinatos de personas indígenas perpetrados por agentes privados y estatales, y reitera su preocupación por la frecuencia de los conflictos sociales y los actos de violencia relacionados con las disputas sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas. Estas situaciones de conflicto suelen surgir porque los Estados no garantizan adecuadamente la protección de los territorios indígenas ni el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones relativas a las actividades que afectan a sus derechos.