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Aumentar el perfil de los líderes con los que trabaja el Centro a nivel internacional es una de las formas más efectivas de proteger sus derechos humanos y garantizar su seguridad. Por esta razón, el Centro ha tomado muchas medidas para atraer la atención internacional al caso de Agua Caliente Lote 9 y proteger la vida de los líderes y expertos dedicados que arriesgan sus vidas para proteger los derechos de la tierra de la comunidad de Agua Caliente.
El interés extranjero en la tierra y los recursos de Agua Caliente ha llevado a varios actos de intimidación y violencia. Aunque el caso legal continúa avanzando, la vida de Carlos Pop, nuestro abogado local de Agua Caliente y Don Rodrigo Tot, el líder de la comunidad de Agua Caliente y sus familiares continúan siendo una amenaza grave. El hijo mayor de Don Rodrigo, Edwin Tot, fue asesinado en octubre de 2012, en represalia por la oposición de su padre a las actividades mineras en la tierra de Agua Caliente. Su hijo menor sobrevivió a un ataque ese mismo día. La omnipresencia de estos actos de intimidación llevó al Centro a solicitar y alcanzar medidas de precaución para proteger la vida de los líderes comunitarios, expertos legales y familiares cuyas vidas están actualmente en riesgo.
Los esfuerzos de defensa del Centro han incluido comunicados de prensa, cartas de apelación, talleres y la producción y difusión de materiales informativos. Poco después de la decisión del tribunal constitucional de Guatemala a favor de Agua Caliente, el Centro emitió una declaración que condenó la falta de cumplimiento del gobierno. Además, el Centro dirigió una campaña para obtener apoyo de las figuras públicas, incluido el ex secretario de Estado John Kerry. El Centro también lanzó una campaña de radio en Guatemala para crear conciencia sobre la importancia y la naturaleza precedente del caso entre las comunidades locales. En marzo de 2013, el Centro apoyó una delegación de líderes y abogados indígenas guatemaltecos que viajaban a Washington, DC y facilitó reuniones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.