Imagen
A principios de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió la solicitud del Indian Law Resource Center de medidas cautelares para proteger a los líderes de la comunidad de Agua Caliente en El Estor, en el departamento de Izabal, Guatemala.
Rodrigo Tot, líder político, y el abogado Carlos Pop han estado en la primera línea de la lucha legal para garantizar la protección de los derechos territoriales y sobre los recursos de la comunidad de Agua Caliente y detener los planes mineros en su territorio. Debido a las acciones legales, sus vidas y las de sus familias se encuentran gravemente amenazadas, a pesar del fallo emitido en febrero de 2011 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, a favor de la comunidad y en contra de los intereses mineros.
“La falta de cumplimiento por parte del gobierno del fallo de la Corte Constitucional a favor de los derechos territoriales de Agua Caliente, sumado a las amenazas e intimidación de los funcionarios de la empresa minera, llevaron a una situación en la que en El Estor gobiernan los intereses mineros, no el estado de derecho”, dijo Leonardo Crippa, abogado de la oficina del Centro en Washington, DC.
A principios de octubre, uno de los hijos de Tot fue asesinado y otro resultó gravemente herido durante lo que pareció ser un robo simulado. El asesinato y las reiteradas amenazas contra representantes de la comunidad llevaron a la Comisión Interamericana a solicitar a Guatemala que investigue de inmediato, identifique y sancione a los responsables.
“La orden de protección de la Comisión nos ayuda mucho a enfrentar el creciente nivel de violencia en este país, mi familia y la comunidad de Agua Caliente se sienten más seguros por el paso adelante que la Comisión decidió dar en nuestro caso”, dijo Rodrigo Tot.
Desde que HudBay Minerals de Canadá vendió el proyecto minero "Fénix" al Grupo Inversionista Solway, con sede en Rusia, en septiembre de 2011, la violencia contra Agua Caliente se ha intensificado. La adquisición se produjo a pesar del fallo del Tribunal Constitucional a favor de Agua Caliente.
“Es hora de que Guatemala comience a tomar medidas apropiadas para abordar el papel de las empresas en las violaciones de derechos humanos, especialmente cuando hay falta de cumplimiento de las sentencias en importantes casos de derechos territoriales que favorecen a las comunidades indígenas”, dijo Crippa.