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Dar visibilidad internacional a los líderes con los que trabaja el Centro es una de las maneras más eficaces de proteger sus derechos humanos y garantizar su seguridad. Por ello, el Centro ha tomado numerosas medidas para visibilizar internacionalmente el caso del Lote 9 de Agua Caliente y proteger la vida de los dedicados líderes y expertos que arriesgan sus vidas para proteger los derechos territoriales de la comunidad de Agua Caliente.
El interés extranjero en las tierras y recursos de Agua Caliente ha dado lugar a varios actos de intimidación y violencia. Si bien el proceso legal sigue adelante, las vidas de Carlos Pop, nuestro abogado local de Agua Caliente, y de Don Rodrigo Tot, líder comunitario de Agua Caliente, y sus familiares siguen gravemente amenazadas. El hijo mayor de Don Rodrigo, Edwin Tot, fue asesinado en octubre de 2012 en represalia por la oposición de su padre a las actividades mineras en las tierras de Agua Caliente. Su hijo menor sobrevivió a un ataque ese mismo día. La persistencia de estos actos de intimidación llevó al Centro a solicitar y obtener medidas cautelares para proteger la vida de los líderes comunitarios, los expertos legales y los familiares cuyas vidas se encuentran actualmente en riesgo.
Las iniciativas de incidencia del Centro han incluido comunicados de prensa, cartas de apelación, talleres y la producción y difusión de materiales informativos. Poco después del fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala a favor de Agua Caliente, el Centro emitió un comunicado condenando el incumplimiento del gobierno. Además, el Centro lideró una campaña para obtener el apoyo de figuras públicas, incluido el exsecretario de Estado John Kerry. El Centro también lanzó una campaña radial en Guatemala para concienciar a las comunidades locales sobre la importancia y el carácter jurisprudencial del caso. En marzo de 2013, el Centro apoyó a una delegación de líderes y abogados indígenas guatemaltecos que viajó a Washington, D. C., y facilitó reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.