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Washington, D.C. -- El Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia desestimó el 15 de mayo de 2012 los esfuerzos de la Tribu Timbisha Shoshone para impedir que el gobierno federal confiscara millones de dólares pertenecientes a la tribu. El fondo se había otorgado como compensación a la Tribu Timbisha Shoshone y a otras tribus Shoshone Occidentales por la supuesta pérdida de sus tierras en Nevada y California. En 1994, el Congreso aprobó una ley que confiscaba todo el dinero a las tribus y ordenaba su distribución entre miles de indígenas, pertenecieran o no a alguna de las Tribus Shoshone Occidentales.
“Esta decisión es devastadora para la Tribu y fundamentalmente errónea, ya que se basa en un caso de 1866 que sostiene que el Departamento del Interior de Estados Unidos puede eliminar un gobierno tribal e impedir que este lo demande simplemente reemplazándolo”, declaró Robert T. Coulter, Director Ejecutivo del Centro de Recursos Jurídicos Indígenas y asesor legal de la Tribu Timbisha Shoshone. “Durante más de un siglo, el Congreso ha hecho prácticamente lo que ha querido con las propiedades y los fondos indígenas en poder del gobierno federal, pero en esta demanda, la Tribu Timbisha Shoshone argumentó que tales prácticas son inconstitucionales”.
En este caso, las normas dictadas por el Congreso negaron fondos a muchos miembros de las Tribus Shoshone Occidentales, especialmente a muchos miembros de la Tribu Shoshone Timbisha, con sede en el Valle de la Muerte, California. La Tribu Shoshone Timbisha presentó una demanda federal en 2010 solicitando la inconstitucionalidad de la ley, ya que despoja a la Tribu de sus fondos sin compensación ni el debido proceso legal. La Tribu solicitó que se detuviera la desfalcación de los fondos.
El Departamento del Interior, responsable de recibir los fondos y distribuirlos a particulares, respondió que el Gobierno Tribal de Timbisha no tiene autoridad para presentar una demanda en nombre de la Tribu, ya que no reconoce que sea el gobierno. Mientras se estudiaba la demanda de Timbisha, el Departamento del Interior ordenó a la Tribu celebrar elecciones, permitiendo que votaran muchas personas que no cumplían los requisitos de membresía. El Departamento del Interior alegó que el Gobierno de Timbisha no podía mantener la demanda porque no la había aprobado.
El Departamento ha amparado su acción inconstitucional al engañar deliberadamente al Tribunal de Apelaciones, haciéndole creer que tiene la autoridad para decidir cómo una tribu forma y elige su gobierno. De hecho, el Departamento no tiene tal autoridad legal. Es jurisprudencia establecida desde hace tiempo que el gobierno federal no tiene autoridad para impedir que una tribu demande declarando que su gobierno no es reconocido, declaró Coulter.
El sitio web de la Oficina de Asuntos Indígenas informa actualmente que planea distribuir todos los fondos restantes a miles de personas aproximadamente el 5 de junio de 2012. Esto prácticamente no deja tiempo para que la Tribu emprenda acciones legales ahora a tiempo para detener la toma y distribución de sus fondos.
La decisión del Tribunal de Apelaciones no decide si la confiscación de los fondos es constitucional o legal. Se limita a afirmar que el Gobierno Tribal Timbisha no puede mantener la demanda a menos que cuente con la aprobación del Departamento del Interior como gobierno.
Joe Kennedy, presidente del Consejo Timbisha Shoshone, declaró tras la decisión: «Esta lucha no ha terminado. Seguiremos buscando justicia para los Timbisha, así como para todos los pueblos Shoshone Occidentales y los pueblos indígenas de todo el país».
Para obtener más información, visite www.indianlaw.org o comuníquese con Ginny Underwood, directora de comunicaciones, al [email protected] , 405-229-7210.