Imagen
Las mujeres indígenas sufren violaciones, maltratos y acoso a niveles epidémicos desproporcionadamente superiores a los de cualquier otro grupo de mujeres en Estados Unidos. La gran mayoría —alrededor del 86%— de los autores de estos delitos son identificados como no indígenas, sobre quienes las tribus carecen de jurisdicción penal según la legislación estadounidense vigente.
Dos proyectos de ley cruciales que ahora están pendientes en el Congreso ofrecen promesas en la batalla para terminar con la violencia contra las mujeres nativas: S. 1763, la Ley de Lucha Contra la Violencia y Empoderamiento (SAVE) para las Mujeres Nativas, presentada por la Senadora Akaka (D-HA), y S. 1925, la Ley de Reautorización de la Violencia contra las Mujeres, presentada por la Senadora P. Leahy (D-VT).
Ambos proyectos de ley contienen disposiciones que restablecerían la jurisdicción tribal concurrente sobre ciertos acusados no indígenas con respecto a un conjunto limitado de delitos que se ha demostrado que son frecuentes en las reservas indígenas: violencia doméstica, violencia en el noviazgo y violación de órdenes de protección. Los procesos tribales no podrían proceder a menos que el acusado tenga vínculos suficientes con la tribu, y las tribus que opten por ejercer esta jurisdicción especial en materia de violencia doméstica estarían obligadas a garantizar a todos los acusados, indígenas y no indígenas, los derechos constitucionales a un abogado para personas en situación de necesidad y a la asistencia letrada efectiva que de otro modo estarían disponibles en los tribunales federales o estatales. En otras palabras, las tribus, que conocen mejor sus comunidades, tendrían los medios legales para proteger a las víctimas indígenas en sus tierras, independientemente de quién las agreda, siempre que se respeten los derechos constitucionales del acusado.
Desde 1994, la Ley contra la Violencia contra la Mujer (VAWA) ha salvado la vida de miles de mujeres, hombres y niños. La reautorización de la VAWA está pendiente desde hace tiempo, lo que ocurrió por última vez en 2005, añadiendo un nuevo Título IX para abordar la violencia contra las mujeres indígenas.
La Ley S. 1925 de Reautorización de la Violencia contra la Mujer ahora tiene 61 patrocinadores bipartidistas, un nivel de apoyo que hace que el proyecto de ley sea a prueba de filibusterismo y un historial de apoyo que puede ser igualado por menos de una docena de los proyectos de ley pendientes en el Congreso.
El Senado debe ahora ponerse de pie y votar sobre esta crucial legislación. El debate sobre el proyecto de ley podría comenzar esta misma semana.
A través de su proyecto Mujeres Seguras, Naciones Fuertes, el Centro continúa apoyando a organizaciones de mujeres indígenas, como el Grupo de Trabajo del Congreso Nacional de Indios Americanos sobre la Violencia contra las Mujeres Indígenas, en estos esfuerzos. El impactante video de tres minutos del Centro, "A la Mujer Indígena", está siendo utilizado por el Grupo de Trabajo del NCAI, el Grupo de Trabajo Nacional para Eliminar la Violencia Sexual y Doméstica contra las Mujeres, tribus y otros para crear conciencia a nivel nacional y en el Capitolio, e instar a los legisladores a tomar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres indígenas. Para más información o para saber cómo puede ayudar, visite http://www.indianlaw.org/safewomen/take_action .