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Agua Caliente, una comunidad maya q'eqchi' de Guatemala, está un paso más cerca de que su caso sea examinado por un organismo internacional de derechos humanos. En febrero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos transfirió la petición de Agua Caliente a Guatemala y fijó un plazo de tres meses para recibir su escrito de respuesta. Esta medida de la Comisión inició formalmente la primera fase del procedimiento, durante la cual se debatirán a fondo los requisitos de admisibilidad de la petición.
"En términos procesales, este es un gran avance", afirmó Leonardo A. Crippa, abogado sénior del Centro. La fase de admisibilidad marca el inicio de un importante debate jurídico entre el gobierno de Guatemala y el Centro, que actúa como asesor legal de Agua Caliente en el ámbito internacional. El fondo del caso se abordará en la segunda fase del proceso.
Durante más de 40 años, Agua Caliente ha utilizado medios legales para asegurar el reconocimiento de sus derechos territoriales y ha enfrentado graves amenazas y violaciones de sus derechos humanos, incluyendo numerosos intentos de desalojo de la comunidad de sus tierras tradicionales para dar paso a la minería de níquel. Agua Caliente nunca ha recurrido a protestas ni bloqueado carreteras para presentar sus demandas.
En febrero de 2011, Agua Caliente obtuvo una importante victoria cuando una decisión que sentó precedente por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala reconoció los derechos de propiedad colectiva de la comunidad sobre sus tierras y solicitó a las agencias gubernamentales que emitieran un título que reconociera dichos derechos. Esto significó que los permisos mineros y los intentos de desalojo violaban los derechos territoriales de la comunidad. Guatemala, en esencia, ignoró esta sentencia histórica al no aplicarla. De hecho, a pesar de la sentencia judicial, Agua Caliente aún no ha recibido su título de propiedad.
Agua Caliente es una pequeña comunidad maya q'eqchi' ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Agua Caliente está compuesta por aproximadamente 76 familias, y la mayoría de la población son niños y ancianos. Casi todos los miembros de la comunidad son monolingües; es decir, solo hablan su lengua materna: maya q'eqchi'.
Buscar protección internacional ahora es parte de la búsqueda de justicia de Agua Caliente. En agosto de 2011, Agua Caliente presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala, debido a que sus acciones y omisiones violaron los derechos territoriales de la comunidad, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión es competente para conocer este caso porque Guatemala ha ratificado este tratado de derechos humanos. Debido a la naturaleza particular de la petición de Agua Caliente, el año pasado la Comisión otorgó un per saltum para tramitarla de inmediato, a pesar del considerable retraso en los casos.
La transferencia de la petición a Guatemala por parte de la Comisión constituye un avance importante en el procedimiento y llega en un momento crítico. Con la reactivación de las actividades mineras, la violencia se ha intensificado en El Estor. Líderes q'eqchi', como Rodrigo Tot, presidente de la comunidad de Agua Caliente, han sido blanco de amenazas e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad de la empresa.
"La decisión de la Comisión de iniciar el debate legal de nuestra petición allanará el camino para confirmar que los permisos mineros emitidos por el Estado y las actividades mineras de la empresa violan los derechos territoriales del pueblo q'eqchi', especialmente de mi comunidad", declaró Tot.
"El atraso en los procesos se ha superado y no hay vuelta atrás en este caso. Ha llegado el momento de comenzar a debatir nuestras inquietudes legales sobre la conexión entre el Estado y las empresas en torno al proyecto minero Fénix desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos", concluyó Crippa.