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Lea la respuesta de la Oficina del Secretario de Estado
Los proyectos de desarrollo no deseados en las comunidades mayas de Guatemala, junto con la falta de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sus derechos de autodeterminación y su control sobre las tierras, los territorios, el medio ambiente y los recursos naturales, han llevado al Centro de Recursos Legales Indígenas a solicitar esfuerzos de Estados Unidos para mejorar la situación de los derechos humanos allí.
El 26 de abril de 2013, Armstrong Wiggins, director de la oficina de Washington, DC, envió una carta a John Kerry pidiendo que Estados Unidos tomara medidas para crear conciencia y responsabilizar al estado de Guatemala por acciones injustas contra las comunidades indígenas.
“Es intolerable que Guatemala siga recurriendo a la violencia, el terror y la represión, e ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos”, declaró Wiggins. “Necesitamos urgentemente que Estados Unidos demuestre una vez más que es un líder internacional en materia de derechos humanos y que deje claro que no tolerará las continuas violaciones de derechos humanos por parte de ningún Estado”
La carta señala una serie de eventos documentados por las comunidades indígenas, incluyendo la Masacre de Totonicapán de octubre de 2012. La carta afirma que la masacre ocurrió porque se desplegaron fuerzas militares, y no la policía, para enfrentar a los manifestantes en territorio Q'iche'. Los pueblos indígenas se habían reunido para protestar contra las reformas constitucionales, las reformas al proceso de certificación educativa y el aumento de impuestos a la electricidad. El resultado de este enfrentamiento entre manifestantes y soldados fue la muerte de ocho indígenas Maya Q'iche' y más de 30 heridos. También se detalla una serie de amenazas contra defensores de derechos humanos, en su mayoría indígenas, que han expresado su preocupación por los proyectos de desarrollo y las reformas legislativas injustas. Tan solo desde enero de este año, cinco líderes prominentes han sido asesinados, varios detenidos ilegalmente y muchos otros viven bajo constante amenaza. Continúan los desalojos forzosos contra las comunidades indígenas vinculados a concesiones petroleras y mineras, plantaciones de aceite de palma y áreas protegidas. Uno de estos desalojos violentos ocurrió en febrero pasado, afectando a familias Q'eqchi' en Monte Verde Livingston, lo que resultó en la destrucción de sus hogares y el encarcelamiento de cuatro líderes comunitarios.
El Centro formula las siguientes recomendaciones a los objetivos de política actuales del Departamento de Estado con Guatemala, que incluyen las siguientes acciones:
- Fomentar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. Es necesario seguir apoyando a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una comisión que ha procesado a criminales de guerra, al crimen organizado y al narcotráfico, y que ha trabajado arduamente para garantizar el respeto al Estado de derecho en Guatemala. Asimismo, la CICIG debe investigar con prontitud los recientes asesinatos y secuestros de líderes mayas. ( más... )
- Apoyar la institucionalización de la democracia y la implementación de los acuerdos de paz. Es imperativo que Estados Unidos apoye el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho mediante la implementación de los Acuerdos de Paz. ( más... )
- Apoyar el crecimiento económico generalizado y el desarrollo sostenible, y mantener relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. En ningún momento se deben realizar negocios a expensas de los derechos humanos. Así como Estados Unidos está comprometido con la salud económica de su país, debe trabajar para garantizar que Guatemala haga lo mismo. ( más... )
- Seguridad internacional . La región se ha identificado como políticamente inestable debido, en gran parte, a la presencia de narcotraficantes, pandillas, crimen organizado, crimen transnacional y otros factores. Si bien la inestabilidad es creciente, especialmente en departamentos fronterizos como San Marcos y Petén, esto no puede ni debe ser la base ni el pretexto para aumentar la presencia militar. ( más... )
El Centro continúa monitoreando la situación en Guatemala mientras espera la respuesta del Secretario de Estado. Para descargar el texto completo de la carta, haga clic aquí .
TEXTO COMPLETO DE LA CARTA
26 de abril de 2013
El Honorable John Kerry
Secretario de Estado
Departamento de Estado
Washington, DC 20520
Estimado Secretario Kerry:
Me llamo Armstrong Wiggins y soy el Director de la Oficina en Washington, D.C. del Centro de Recursos Legales para Indígenas. Como líder indígena misquito, lo felicito por su reciente nombramiento como Secretario de Estado. También le expreso mi gratitud personal por el importante y poderoso papel que desempeñó en mi
vida como defensor de los derechos humanos de mi pueblo, los indígenas misquitos de Nicaragua, durante la administración Reagan en la década de 1980. Durante ese período, usted, el senador Kennedy, el senador Bradley, el senador McCain, el senador Dole, el senador Kassebaum, el senador Harkin y muchos otros, demostraron un apoyo bipartidista a nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. Su apoyo durante una época de conflicto extremo fue fundamental para nosotros.
Me dirijo nuevamente a ustedes debido a la creciente gravedad de la situación de los derechos humanos de los pueblos maya, xinka y garífuna en Guatemala y les solicito su ayuda con este importante asunto. Tras analizar la alarmante situación de los derechos humanos en Guatemala, quisiera ofrecer algunas
recomendaciones que considero podrían mejorar la situación.
El pueblo maya es la población mayoritaria de Guatemala, compuesta por 22 naciones indígenas diferentes; sin embargo, el panorama político y social del país está gobernado por una minoría, un apartheid de facto en nuestro propio hemisferio. Esta falta de representación y participación política ha
provocado graves violaciones de derechos humanos debido a conflictos por los recursos naturales, la mayoría de los cuales se encuentran en tierras y territorios de pueblos indígenas. Necesitamos urgentemente que Estados Unidos demuestre una vez más que es un líder internacional en materia de derechos humanos y que deje claro, mediante acciones bipartidistas, que no tolerará las continuas violaciones de derechos humanos por parte de ningún Estado. Estas violaciones no solo afectan a comunidades enteras, sino que constituyen una amenaza para la estabilidad regional, la democracia y el estado de derecho. Como usted mismo dijo una vez: «Los valores no son solo palabras, son lo que nos guía en la vida. Se refieren a las causas que defendemos y a las personas por las que luchamos».
El presidente Obama asistirá a la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) la próxima semana. Como Observador Regional, Estados Unidos puede llamar la atención sobre las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en Guatemala y en toda la región. Es importante recordar a los miembros del SICA que, para lograr su objetivo de integración y transformar Centroamérica en una región de paz, democracia y desarrollo, deben cumplir con su propio compromiso de respetar y promover los derechos humanos, a fin de garantizar resultados positivos en materia de desarrollo y sostenibilidad.
En la década de 1980, bajo la dictadura del general José Efraín Ríos Montt, Guatemala vivió algunos de los momentos más violentos de su conflicto armado interno de cuatro décadas. Hoy, incluso después de que el juicio a Ríos Montt por genocidio fue anulado por un tecnicismo, el país está
recayendo de nuevo en la violencia y la represión. Nos preocupa profundamente que la situación política en Guatemala se haya tornado cada vez más tensa y frágil bajo la administración del presidente Otto Pérez Molina. Nos alarma la creciente militarización en respuesta a esta inestabilidad social y política. Por ejemplo, en octubre de 2012, la Masacre de Totonicapán ocurrió porque se desplegaron fuerzas militares, y no la policía, para enfrentar a los manifestantes en territorio Q'iche'. Los pueblos indígenas se habían reunido para protestar contra las reformas constitucionales, las reformas al proceso de certificación educativa y el aumento de los impuestos a la electricidad. El resultado de este enfrentamiento entre manifestantes y soldados fue la muerte de ocho indígenas mayas q'iche's y más de 30 heridos. El mando de tropas por parte del Presidente Molina en la década de 1980 durante un período especialmente violento del conflicto armado interno, sumado a su promesa de combatir el crimen con “puño de hierro”, plantea serias preocupaciones sobre la dirección de su administración.
Los defensores de derechos humanos, en su mayoría indígenas, que expresan su preocupación por proyectos de desarrollo y reformas legislativas injustas, están siendo asesinados, criminalizados y amenazados constantemente. Tan solo desde enero de este año, cinco líderes prominentes han sido asesinados: Tomás Kej, q'eqchi';
Carlos Antonio Hernández, Gerónimo Sol Ajcot, tzutujil; Exaltación Marcos Ucelo, xinka; y Daniel Pedro Mateo, q'anjob'al. Otros tres han recibido amenazas, cuatro fueron secuestrados (lo que resultó en la muerte del Sr. Ucelo), Rubén Herrera, de Huehuetenango, ha sido encarcelado injustamente, y 26 fueron detenidos ilegalmente y posteriormente liberados, tras protestas pacíficas. También se han producido desalojos vinculados a concesiones petroleras y mineras y plantaciones de palma aceitera, por un lado, y a áreas protegidas, por el otro. Uno de estos desalojos violentos ocurrió en febrero pasado, afectando a familias q'eqchi' en Monte Verde Livingston, lo que resultó en la destrucción de sus hogares y el encarcelamiento de cuatro líderes comunitarios. A principios de abril de 2013, se reportaron 22 desalojos aprobados tan solo en la zona de Livingston, lo que podría afectar tanto a los pueblos q'eqchi' como a los garífunas. Comunidades de Guatemala, como San Rafael Las Flores, Santa Rosa; Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Nebaj, Quiché; Santa María Xelapan, Jutiapa; El Estor, Izabal; San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; San Juan Sacatepéquez, Guatemala; Livingston, Izabal y otras, han solicitado al Estado el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en lo que respecta a sus derechos a la tierra, el territorio, un medio ambiente limpio y los recursos naturales.
Precisamente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, medio ambiente y recursos naturales ha gozado de escasa protección en el marco jurídico vigente en Guatemala. En consecuencia, esto ha generado una extrema inseguridad y vulnerabilidad para los pueblos indígenas y sus derechos. La falta de reconocimiento y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra es un componente fundamental de los conflictos derivados de la expansión de los proyectos de extracción y desarrollo de recursos naturales. Este inadecuado reconocimiento y protección legal de las tierras ha llevado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a otorgar 276 licencias de explotación, 111 licencias de exploración, 734 licencias pendientes y, más recientemente, a otorgar 7 licencias de exploración sin consultar a los pueblos indígenas afectados. La mayoría de los proyectos previstos se encuentran en territorios indígenas. El 3 de abril, el MEM anunció la concesión de dos licencias de explotación adicionales: una para la mina Escobal San Rafael (propiedad de Canadian Tahoe Resources) en el departamento de Santa Rosa y la otra para la mina Niquegua Montifur en Los Amates, Izabal (propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de Solway Investment Group Limited Inc.). Este anuncio ha provocado mayor violencia y criminalización de líderes indígenas y de otros sectores. El MEM también indicó que las necesidades energéticas de todos estos proyectos previstos implicarán la creación de 53 subestaciones hidroeléctricas para apoyar la red eléctrica.
Señor Secretario, contrario a la propaganda gubernamental, los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo. Se oponen a que se siga ignorando su libre determinación en los procesos de toma de decisiones sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Si bien gran parte de los recursos naturales restantes se encuentran en sus tierras, no se les consulta sobre los procesos específicos de los proyectos de desarrollo en sus tierras y territorios, ni se les considera titulares de derechos ni socios para el desarrollo. Como lo demuestra la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán,
el daño ambiental causado por Goldcorp y el Estado ocurre con escasa supervisión y protección. Los líderes indígenas a menudo encuentran sus territorios sujetos a concesiones —incluyendo aquellas para petróleo, minas, hidroeléctricas y agricultura industrial— una vez que el gobierno ya ha emitido los permisos respectivos. Los pueblos indígenas necesariamente han denunciado a Guatemala como un estado racista y discriminatorio que carece de un marco legal y de políticas integral que respete y defienda sus necesidades y derechos particulares.
La creciente presión de los proyectos de desarrollo, sumada a la falta de poder de decisión y representación política, ha obligado a los pueblos indígenas a utilizar recursos políticos y legales para expresar su oposición a estos proyectos de desarrollo insostenibles. Desde 2005, los pueblos indígenas han llevado a cabo 72 Consultas Comunitarias de Buena Fe, dos de ellas realizadas por comunidades multiétnicas. Estas 74 consultas demuestran la oposición unánime a la explotación insostenible de los recursos naturales, que no respeta el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y perjudica el medio ambiente en el que viven. Estas consultas se basan en procesos ancestrales de toma de decisiones y han sido organizadas tanto por autoridades indígenas tradicionales como por instituciones indígenas creadas y dirigidas por el pueblo maya. Debido a la labor de destacados defensores de derechos humanos en estos procesos, han sido objeto de ataques desproporcionados por su oposición y liderazgo. En marzo de 2012, el Consejo de Pueblos Mayas del Occidente (CPO) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería. Este desafío se basó en la falta de reconocimiento de los derechos de consulta, derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. En otro caso, la Comunidad Maya Q'eqchi' Agua Caliente Lote 9 en El Estor, Izabal trabajó por el reconocimiento de sus derechos colectivos a la tierra, y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de la comunidad. A pesar de esta decisión histórica, Guatemala aún no ha implementado el fallo y la comunidad continúa viviendo con el temor de desalojos forzosos para dar paso a la exploración y explotación minera. Tanto las respuestas políticas y legales de los pueblos indígenas como de los tribunales a los proyectos de desarrollo acelerado que violan los estándares internacionales de derechos humanos han recibido poco reconocimiento del estado.
Como mencioné anteriormente, el aumento de la presencia militar, incluida la instalación de un destacamento militar en Quiché y dos brigadas en Petén y San Juan Sacatepéquez en 2012, ha causado temor entre la población. En 2012, el presidente Molina declaró el estado de emergencia en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, durante un conflicto que resultó en la muerte de un líder y dos heridos debido a la oposición a la Hidroeléctrica Santa Cruz. Esta tendencia ha generado temor entre los pueblos indígenas por su seguridad y ha retraumatizado a las comunidades. La remilitarización y la implementación de megaproyectos son una continuación de los mismos actos característicos del período del conflicto armado interno, lo que ha reavivado problemas que nunca se resolvieron y ha dejado numerosos indígenas muertos.
Señor Secretario, nos alienta su reciente declaración, en la que subrayó la importancia del liderazgo estadounidense para garantizar la seguridad y la estabilidad mundial, promover los derechos humanos, fomentar la democracia y promover la igualdad, todos elementos esenciales de las políticas de la Administración en el hemisferio occidental. En las relaciones bilaterales con Guatemala, el Gobierno debe respetar y promover los derechos humanos específicos del pueblo maya para que prevalezcan la democracia real, el desarrollo inclusivo y el estado de derecho. A medida que avanza en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2014, le presentamos algunas recomendaciones concretas para su consideración en las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala.
Fomentar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. Es fundamental el apoyo continuo a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una comisión que ha procesado a criminales de guerra, al crimen organizado y al narcotráfico, y que ha trabajado arduamente para garantizar el respeto al Estado de derecho en Guatemala. Específicamente, le solicitamos que:
• Continuar con el apoyo financiero a la CICIG según lo solicitado en el año fiscal 2014.
• Solicitar que todos los casos recientes de asesinatos y secuestros de defensores de derechos humanos sean investigados con prontitud por la CICIG para llevar a los perpetradores de estos crímenes ante la justicia.
• Brindar apoyo al plan estratégico de la CICIG, incluyendo apoyo técnico y operativo para la investigación, capacitación y desarrollo de habilidades del Ministerio Público, la Policía Nacional y el poder judicial.
• Dejar claro al gobierno de Guatemala que necesita proteger a todos los testigos y víctimas que presenten casos. Esto es particularmente crítico en el esfuerzo por terminar con la impunidad.
• Seguir dejando claro que no se tolerará la corrupción, porque es un obstáculo para el funcionamiento pleno y efectivo de la CICIG.
• Asegurarse de que el Informe Anual de País sobre Prácticas de Derechos Humanos para Guatemala del Departamento de Estado preste especial atención a cualquier violación de los derechos de los pueblos indígenas.
Apoyar la institucionalización de la democracia y la implementación de los acuerdos de paz . Es imperativo que Estados Unidos apoye el desarrollo de la democracia y el estado de derecho a través de la implementación de los Acuerdos de Paz. En particular, los derechos de
los pueblos indígenas, la mayoría de la población en Guatemala, deben ser respetados y defendidos por una minoría racial y étnica que continúa controlando el poder estatal. En particular, recomendamos que haya:
• Apoyo al Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ha tenido poco avance hasta ahora. Los pueblos indígenas en Guatemala continúan siendo discriminados, lo que resulta en una representación insuficiente en iniciativas, políticas y leyes políticas, sociales, culturales y económicas. A nivel nacional, la falta de representación política adecuada o razonablemente proporcionada continúa siendo la norma, con solo 22 miembros indígenas en un Congreso de 158 miembros. Esta falta de participación ha resultado en leyes
y prácticas discriminatorias continuas contra las 22 naciones mayas, naciones que constituyen más de la mitad de la población.
• Fomentar la participación de las mujeres indígenas en la política nacional, no solo para abordar los múltiples niveles de discriminación que enfrentan, sino también para garantizar su contribución significativa a la construcción de la nación y la democracia.
• Colaborar con el gobierno de Guatemala para erradicar el uso del ejército para responder a la inestabilidad social y política, en particular porque los Acuerdos de Paz exigen el uso del ejército contra amenazas externas y porque el uso más reciente del ejército en conflictos específicos relacionados con proyectos de desarrollo ha resultado en violencia y asesinatos.
• Alentar y apoyar al Estado para que cree un proceso de resolución pacífica de disputas con los pueblos indígenas, un proceso que respete sus derechos de libre determinación y autogobierno y promueva la implementación plena y efectiva de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración fue apoyada tanto por Estados Unidos como por Guatemala.
• Colaboración firme y directa de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala con las naciones mayas y sus instituciones y gobiernos tradicionales representativos.
• Mayor atención a las violaciones de derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas y denuncias públicas cuando se produzcan. (Hasta la fecha, la Embajada de Estados Unidos no ha hecho ninguna declaración pública respecto a las violaciones detalladas en esta carta).
Apoyar el crecimiento económico de base amplia y el desarrollo sostenible y mantener relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. En ningún momento se deben realizar negocios a expensas de los derechos humanos. Así como Estados Unidos está comprometido con la salud económica de su país, debe trabajar para garantizar que Guatemala haga lo mismo. El Departamento de Estado informó en su informe de Derechos Humanos de Guatemala 2012 que muchos de los ataques contra defensores de derechos humanos estaban "relacionados con conflictos por la tierra y la explotación de recursos naturales". Creemos que la solución para mitigar este conflicto es adoptar un marco de derechos humanos para el desarrollo que promueva y garantice:
• El respeto por la libre determinación y el autogobierno de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos a sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales.
• Que las empresas cumplan con las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de Guatemala, incluidas las que se encuentran en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Que los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y otros, estén obligados a respetar los principios internacionales de derechos humanos antes de financiar cualquier proyecto.
Seguridad internacional. La región ha sido identificada como políticamente inestable debido, en gran parte, a la presencia de narcotraficantes, pandillas, crimen organizado, crimen transnacional y otros factores. Si bien la inestabilidad es creciente, especialmente en departamentos fronterizos como San Marcos y Petén, esto no puede ni debe ser la base ni el pretexto para aumentar la presencia militar. Específicamente, solicitamos a Estados Unidos que continúe:
• Impulsando la reforma del sector de seguridad mediante capacitación y apoyo operativo.
• Garantizando que las restricciones de la Ley Leahy para la investigación de antecedentes permanezcan vigentes para cualquier financiamiento militar extranjero y la educación y entrenamiento militar internacional.
• Solicitando que se impongan condiciones de derechos humanos a la asistencia militar del Departamento de Defensa para los programas antinarcóticos.
• Garantizando que las prioridades de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI) incluyan una sólida capacitación en derechos humanos para las fuerzas del orden y el personal que trabaja para abordar las amenazas en la región.
• Apoyando a Guatemala en su esfuerzo por una reforma democrática sostenida, incluyendo la promoción de intercambios con tribus y naciones indígenas estadounidenses que puedan facilitar, a través de sus propias instituciones y prácticas, una alternativa real para el desarrollo democrático y económico.
Estados Unidos se encuentra en una posición privilegiada para demostrar contundentemente su compromiso con los derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero, mediante una ayuda mayor y más sostenida en Guatemala. Necesitamos urgentemente su participación antes de que se pierdan más vidas. Es intolerable que Guatemala siga recurriendo a la violencia, el terror y la represión, e ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos. No debe actuar con impunidad, violando los derechos de sus ciudadanos y socavando su credibilidad tanto a nivel nacional como internacional. El repunte de la violencia y la inseguridad está provocando un deterioro de la democracia y el Estado de derecho, no solo en Guatemala, sino en toda la región.
Nos gustaría tener la oportunidad de reunirnos con usted o su representante designado próximamente para conversar sobre cómo podríamos colaborar y crear un enfoque más integral, con especial énfasis en los derechos humanos de los pueblos indígenas de Guatemala. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Armstrong Wiggins
Director de la oficina de Washington DC
Centro de recursos legales para indígenas
CC:
Jodi Gillette, Asesora Principal de Políticas para Asuntos de Nativos Americanos, Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca
Valerie B. Jarrett, Asesora Principal y Asistente del Presidente para Participación Pública y Asuntos Intergubernamentales
Michael Posner, Subsecretario de Estado, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Lynn M. Sicade, Subdirectora de Asuntos Multilaterales, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Robert K. Harris, Asesor Jurídico Adjunto
Embajadora Carmen Lomellin, Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos
Embajador Albert A. Chacon, Embajador en Guatemala
Lawrence Rubey, Director, Oficina de Desarrollo Sostenible Regional para América Latina y el Caribe de USAID
Congresista Nancy Pelosi, Líder de la Minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
Congresista James P. McGovern, Copresidente, Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos
Congresista Frank R. Wolf, Copresidente, Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos
Congresista Eni Faleomavaega, Samoa Americana
Senador Harry Reid, Líder de la Mayoría del Senado Senadora
Elizabeth Warren, Massachusetts
Senador John McCain, Arizona
Senador Tom Harkin, Iowa