El viernes, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en el caso Brackeen contra Bernhardt, confirmó la constitucionalidad de la Ley de Bienestar Infantil Indígena de 1978 y la validez de las normas federales de implementación. Esta decisión representa una gran victoria para las tribus indígenas y para todos aquellos que lucharon por proteger la Ley. En consonancia con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la decisión aplica y reafirma importantes principios legales: que las tribus son entidades políticas y gubernamentales, no simplemente grupos raciales, y que el Congreso tiene la autoridad constitucional para legislar en materia de tribus, en particular para promover su autogobierno. El Tribunal de Apelaciones señaló que interpretar la Ley como relacionada con el autogobierno tribal e incluso con la supervivencia de las tribus tiene sentido, considerando la declaración explícita del Congreso de que los niños indígenas son el recurso más vital para la continuidad de la existencia e integridad de las tribus indígenas.
El Quinto Circuito revocó la decisión del Tribunal de Distrito basándose en todos los fundamentos en los que se basó para declarar la inconstitucionalidad de la ICWA. La Ley no solo no constituye una clasificación racial inadmisible que violaría la igualdad de protección, sino que tampoco viola los derechos de los estados bajo la Décima Enmienda, ya que no los obliga a tomar medidas y, por último, no delega inconstitucionalmente la facultad de promulgar leyes en los gobiernos tribales.
La decisión se basa en una cuidadosa consideración de las conclusiones del Congreso sobre los abusos prevalecientes en los procedimientos estatales relacionados con la custodia de menores indígenas y sobre la necesidad de proteger el interés superior de los niños indígenas, así como la seguridad de las tribus y familias indígenas. Hace más de cuatro décadas, estas conclusiones constituyeron la base y justificación de la Ley. El panel del Tribunal de Circuito también prestó especial atención y ponderación al carácter de las tribus como entidades gubernamentales y políticas con una relación especial con Estados Unidos, y a las variadas y complejas leyes de membresía de las tribus, que no son estrictamente raciales.
La decisión será útil para llamar la atención sobre los hechos y las razones políticas que justifican la Ley de Bienestar del Niño Indígena y la historia y los hechos que sustentan el principio legal de que las tribus no son grupos raciales sino organismos políticos y gubernamentales con una relación constitucional especial con los Estados Unidos.
¡Felicitaciones a las tribus que participaron y a todos aquellos que lucharon por esta victoria!
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito publicó su decisión en el caso Brackeen v. Bernhardt