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29 de junio de 2016 │ Por Simon Gertler, becario Summer Sidley de 2016
El martes 28 de junio de 2016, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia para recibir testimonio del Departamento de Justicia y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental sobre la implementación de la Ley de Justicia para las Víctimas de la Trata de Personas de 2015, un año después de su promulgación.
El Estatuto
La Ley, promulgada el 29 de de 2015, busca facultar a las fuerzas del orden para intensificar la lucha contra la trata de personas en Estados Unidos, así como para brindar restitución y otros servicios a las víctimas. La Ley añade o refuerza disposiciones sobre la trata en diversas leyes existentes. En particular, establece la misma responsabilidad de los compradores que de los traficantes por delitos de trata con fines de explotación sexual y prohíbe el procesamiento de las víctimas por los delitos asociados a su propia trata.
La Ley también creó un programa de subvenciones para ayudar a los estados, localidades y tribus a combatir la trata de personas. Exige que el Departamento de Salud y Servicios Humanos transfiera 5 millones de dólares al programa de subvenciones para apoyar a las víctimas de la trata. De estos 5 millones, 2 millones se destinarán a subvenciones para prestar servicios a las víctimas de pornografía infantil. El programa también se financia parcialmente mediante cuotas de 5.000 dólares impuestas a las personas condenadas por trata de personas.
Por último, la Ley exige que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental presente un estudio un año después de su promulgación para proporcionar información sobre los esfuerzos de las agencias policiales federales y estatales para combatir la trata de personas y cada programa de subvenciones federales.
Implementación
Jill Steinberg, del Departamento de Justicia, prestó su primer testimonio sobre la implementación de diversas disposiciones de la Ley. Steinberg afirmó que, como resultado de la Ley, los procesos judiciales por trata de personas han aumentado. Señaló que el artículo 108 de la Ley, que declara culpables a los compradores de delitos de trata sexual, y el artículo 114, relativo a la capacitación contra la trata de personas para las fuerzas del orden federales, estatales, locales y tribales, y los fiscales federales, han sido especialmente importantes en este sentido.
Greta Goodwin, de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, declaró que, si bien las entidades federales están implementando la Ley, enfrentan dificultades para investigar y procesar estos delitos, debido en parte a la dificultad de detectar la trata de personas. La limitada disponibilidad de servicios para las víctimas y la renuencia de algunas de ellas a cooperar con los fiscales representan obstáculos adicionales.
Testimonio relacionado con la trata de personas en territorio indígena
Steinberg testificó además que el programa de subvenciones estaba en funcionamiento y se utilizaba en parte para financiar "Mejorar los Resultados para Niños y Jóvenes Víctimas de la Trata de Personas: Un Enfoque Jurisdiccional". Este programa busca identificar el mayor desafío que enfrenta una tribu o estado al abordar la trata de menores y mejorar la coordinación y colaboración a nivel jurisdiccional para abordar estos delitos.
Steinberg informó que, en febrero de 2015, la Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos realizó la primera capacitación nacional para territorios indígenas sobre trata de personas. La Oficina también ha impartido capacitación sobre trata sexual a otras agencias federales, tribus y a proveedores nacionales de capacitación y asistencia técnica tribal. En octubre de 2016 se publicará un video de capacitación centrado en la investigación y el enjuiciamiento de la trata sexual contra nativos de Alaska.
Steinberg también testificó que, durante el último año, la Oficina de Asistencia Judicial impartió diversas sesiones de capacitación en todo el país, incluyendo "Trata de Personas en Comunidades Nativas Americanas". Señaló que el Departamento de Justicia publicará un informe anual que documentará la aplicación de las prohibiciones contra la trata de personas por parte de los sistemas de justicia penal estatales, según lo exige el artículo 114 de la Ley. Este informe incluirá datos sobre la demografía de las víctimas y los agresores, así como información sobre la relación entre la víctima y el agresor.
El senador Al Franken (demócrata por Minnesota) señaló que los indígenas estadounidenses en Minneapolis son arrestados de forma desproporcionada por prostitución y que muchos han tenido experiencias de indigencia, pobreza, abuso y racismo. Preguntó cómo se están destinando los fondos de la Ley y otras fuentes para abordar este problema en las comunidades indígenas estadounidenses.
Steinberg respondió que el Departamento de Justicia ha elegido a Minneapolis como uno de los sitios para la iniciativa del Equipo de Coordinación contra la Trata de Personas para desarrollar investigaciones y procesamientos de alto impacto en casos de trata de personas y para brindar a estos equipos capacitación específica para responder a las poblaciones vulnerables.
Goodwin agregó que si bien los informes recientes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental no se centran en los indígenas estadounidenses, la Oficina está preparando un informe sobre las víctimas indígenas estadounidenses de la trata de personas, tal como lo solicitó el Comité de Asuntos Indígenas del Senado.
Un vídeo de la audiencia y copias del testimonio escrito proporcionado al Comité están disponibles aquí .