Armstrong Wiggins, director de la oficina del Centro en Washington, D.C. y miembro de la comunidad indígena miskita, afirma que la creciente violencia en Nicaragua debe cesar. Anima a la comunidad internacional a unirse en solidaridad con el pueblo miskito, que exige el fin de los ataques militares contra los líderes indígenas.
«El presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional deben dejar de politizar los derechos colectivos de las comunidades miskitas de La Moskitia en Nicaragua a la autodeterminación, la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la supervivencia cultural. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha concluido que el gobierno nicaragüense está cometiendo violaciones de derechos humanos. Es hora de que el gobierno sandinista de Nicaragua haga lo correcto, deje de asesinar a indígenas miskitos y respete sus derechos humanos. No queremos que la historia se repita».
La CIDH insta a Nicaragua a proteger a los indígenas miskitos
Washington, DC - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el aumento de incidentes violentos contra los indígenas miskitos en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Varias comunidades miskitas son beneficiarias de medidas cautelares emitidas por la CIDH el 14 de octubre de 2015 y prorrogadas el 19 de enero de 2016.
Según la información recibida por la CIDH, en un período de cuatro meses, seis indígenas han sido asesinados, decenas han resultado heridos, diez han sido secuestrados, tres mujeres han sufrido abusos sexuales, se han incendiado viviendas y cultivos, y las comunidades han sido objeto de actos de intimidación, acoso y amenazas. En este contexto, parte de la comunidad ha sido desplazada forzosamente. Esta situación ha sido objeto de una reciente declaración de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
La Comisión observa con preocupación que estos actos se enmarcan en un contexto de conflicto territorial. Los informes indican que terceros, denominados "colonos", presuntamente están ingresando al territorio ancestral del pueblo miskito. Esta situación se produce en un contexto de falta de implementación del reconocimiento oficial de la propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales. Asimismo, la información indica que las autoridades han otorgado concesiones para obras y proyectos en tierras ancestrales del pueblo miskito, sin cumplir con su obligación de realizar una consulta previa, libre e informada.
La CIDH recuerda que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a ejercer un control efectivo sobre sus territorios y a estar libres de injerencias de personas que busquen mantener o tomar el control de sus territorios por la fuerza o por cualquier otro medio, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.
En este sentido, la Comisión reitera que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar el control efectivo de su territorio y proteger a los pueblos indígenas de la violencia o el acoso. Este deber de protección es especialmente importante en situaciones conocidas de disputas territoriales con terceros y cuando las demoras en el saneamiento y la demarcación pueden generar conflictos.
La CIDH observa que, a pesar de la concesión y la ampliación de medidas cautelares para proteger al pueblo miskito, hasta la fecha no se ha recibido respuesta del Estado de Nicaragua. La CIDH insta al Estado a adoptar de inmediato, en consulta con las comunidades indígenas miskitas afectadas, medidas para proteger y garantizar la vida e integridad física de sus miembros, e investigar los hechos ocurridos con la debida diligencia para identificar y sancionar a los responsables, prevenir su repetición y abordar sus causas.
La CIDH, principal órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), deriva su mandato de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes, elegidos a título individual por la Asamblea General de la OEA, que no representan a sus países de origen ni de residencia.