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Armstrong Wiggins, director de la oficina del Centro en Washington, D.C. e indígena misquito, afirma que la escalada de violencia en Nicaragua debe cesar. Anima a la comunidad internacional a solidarizarse con el pueblo misquito, que exige el fin de los ataques militares contra líderes indígenas.
"El presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional deben dejar de politizar los derechos colectivos de las comunidades misquitas de La Moskitia en Nicaragua a la autodeterminación, la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la supervivencia cultural. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha concluido que el gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones de derechos humanos. Es hora de que el gobierno sandinista de Nicaragua haga lo correcto, deje de asesinar a los indígenas misquitos y respete sus derechos humanos. No queremos que la historia se repita".
CIDH insta a Nicaragua a proteger a miembros del pueblo indígena Miskitu
Washington, DC - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el aumento reportado de incidentes violentos contra los miembros del pueblo indígena Miskitu, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, en Nicaragua. Varias comunidades Miskitu son beneficiarias de medidas cautelares emitidas por la CIDH el 14 de octubre de 2015 y extendidas el 19 de enero de 2016.
Según información recibida por la CIDH, durante un período de cuatro meses, seis indígenas han sido asesinados, decenas han resultado heridos, diez han sido secuestrados, tres mujeres han sido abusadas sexualmente, casas y cultivos han sido quemados, y las comunidades han sido objeto de actos de intimidación, hostigamiento y amenazas. En este contexto, una parte de la comunidad se ha visto desplazada forzosamente. La situación ha sido tema de una declaración reciente de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
La Comisión observa con preocupación que estos actos se enmarcan en un contexto caracterizado por un conflicto territorial. Los informes indican que terceros, conocidos como "colonos", presuntamente están ingresando al territorio ancestral del pueblo miskitu. Esta situación se produce en un contexto de falta de implementación del reconocimiento oficial de la propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales. Asimismo, la información indica que las autoridades han otorgado concesiones para obras y proyectos en tierras ancestrales del pueblo miskitu, sin cumplir con su obligación de consulta previa, libre e informada.
La CIDH recuerda que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a gozar de un control efectivo sobre sus territorios y a estar libres de interferencias de quienes pretendan mantener o tomar el control de sus territorios por la fuerza o por cualquier otro medio, en detrimento de sus derechos.
En este sentido, la Comisión reitera que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar el control efectivo de su territorio y proteger a los pueblos indígenas de la violencia o el acoso. Este deber de protección es especialmente importante en situaciones conocidas de disputas territoriales con terceros y donde las demoras en el saneamiento y la demarcación pueden generar conflictos.
La CIDH observa que, a pesar del otorgamiento y la ampliación de medidas cautelares para proteger a los miskitu, hasta la fecha no se ha recibido respuesta del Estado de Nicaragua. La CIDH insta al Estado a adoptar de inmediato, y en consulta con las comunidades afectadas del pueblo indígena miskitu, medidas para proteger y garantizar la vida y la integridad física de sus miembros, e investigar los hechos ocurridos con la debida diligencia para identificar y sancionar a los responsables, prevenir su repetición y abordar sus causas.
Como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y no representan a sus países de origen o residencia.