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El 13 de abril de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció que escuchará los argumentos orales de diez casos mediante conferencia telefónica los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de mayo. Los jueces y sus abogados participarán en la llamada, y se espera que se transmita en vivo a los medios de comunicación. La Corte pospuso previamente las audiencias de estos casos debido al coronavirus. Las fechas específicas de los argumentos se asignarán próximamente.
Uno de los casos, McGirt contra Oklahoma , es especialmente significativo para las naciones indígenas de Oklahoma y sus mujeres y niños. La cuestión en McGirt es si el Estado de Oklahoma puede procesar a un miembro inscrito de la Nación Muscogee (Creek) por delitos cometidos dentro de los límites históricos de la reserva Creek. Jimcy McGirt, quien fue condenado por delitos por el Estado, argumentó que Oklahoma no podía hacerlo bajo la Ley de Delitos Graves Indígenas, ya que los delitos que involucran a una víctima o perpetrador indígena, o que ocurren dentro de los límites de la reserva reconocida, están sujetos a la jurisdicción federal, no estatal.
El Centro de Recursos Legales para Indígenas se sumó al escrito amici curiae del Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas, que ofrece una perspectiva única sobre la relación entre el poder del Congreso sobre los asuntos indígenas, la autoridad soberana tribal para procesar delitos cometidos por o contra ciudadanos tribales, y el restablecimiento de la seguridad de las mujeres y los niños indígenas. Coincidiendo con el peticionario y la Nación Creek en que la reserva de la Nación Creek nunca ha sido desmantelada legislativamente, el escrito amicus observa que “[l]a desmantelamiento judicial de las reservas [...] amenaza con colocar la jurisdicción penal sobre los delitos cometidos contra las víctimas más vulnerables en manos del soberano con menos probabilidades de procesarlos”.
El argumento jurisdiccional de McGirt es similar al de otro caso, Sharp v. Murphy , en el que se afirma que el Estado de Oklahoma no pudo procesarlo porque el delito tuvo lugar en una reserva indígena que nunca había sido disuelta por el Congreso, en lugar de en tierras bajo control estatal. En junio de 2019, la Corte Suprema no emitió una decisión en el caso Murphy, y el caso se incluyó en el calendario de la Corte para su reconsideración durante el período de 2020.