El 13 de abril de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció que escuchará los argumentos orales de diez casos mediante conferencia telefónica los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de mayo. Los jueces y sus abogados participarán en la llamada, y se espera que se transmita en vivo a los medios de comunicación. La Corte pospuso previamente las audiencias de estos casos debido al coronavirus. Las fechas específicas de los argumentos se asignarán próximamente.
Uno de los casos, McGirt contra Oklahoma, es especialmente significativo para las naciones indígenas de Oklahoma y sus mujeres y niños. La cuestión en McGirt es si el Estado de Oklahoma puede procesar a un miembro inscrito de la Nación Muscogee (Creek) por delitos cometidos dentro de los límites históricos de la reserva Creek. Jimcy McGirt, quien fue condenado por delitos por el Estado, argumentó que Oklahoma no podía hacerlo bajo la Ley de Delitos Graves Indígenas, ya que los delitos que involucran a una víctima o perpetrador indígena, o que ocurren dentro de los límites de la reserva reconocida, están sujetos a la jurisdicción federal, no estatal.
El Indian Law Resource Center se unió al escrito de amicus curiae del National Indigenous Women's Resource Center, que ofrece una perspectiva única sobre la relación entre el poder del Congreso sobre los asuntos indígenas, la autoridad soberana tribal para enjuiciar los delitos cometidos por o contra los miembros de la tribu, y el restablecimiento de la seguridad para las mujeres y los niños indígenas. Coincidiendo con el peticionario y la Nación Creek en que la reserva de la Nación Creek nunca ha sido disuelta legislativamente, el escrito de amicus curiae observa que «la disolución judicial de las reservas amenaza con poner la jurisdicción penal sobre los delitos cometidos contra las víctimas más vulnerables en manos del soberano con menos probabilidades de enjuiciar».
El argumento jurisdiccional de McGirt es similar al de otro caso, Sharp v. Murphy, a saber, que el estado de Oklahoma no podía procesarlo porque el delito tuvo lugar en una reserva indígena que nunca había sido disuelta por el Congreso, en lugar de en tierras bajo control estatal. En junio de 2019, la Corte Suprema no emitió un fallo en el caso Murphy, y este fue incluido en el calendario de la Corte para una nueva audiencia durante el período de sesiones de 2020.