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Doce líderes indígenas detenidos en la cárcel de hombres “La Modelo” y la cárcel de mujeres “La Esperanza” de Nicaragua sufren maltrato discriminatorio y racista, según un informe reciente. - Confidencial
En Nicaragua, los líderes indígenas enfrentan persecución violenta por defender sus tierras y practicar su cultura. Un informe reciente de la Asociación para la Defensa Legal, el Registro y la Memoria de Nicaragua (Aududrnic) y el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) reveló que a estos líderes se les prohíbe hablar su lengua materna y se les etiqueta como "brujos" que elaboran "pócimas" al usar la medicina tradicional.
Estos líderes no son criminales. Son defensores de la tierra, guardabosques y guardianes de la cultura, encarcelados por proteger sus comunidades y sus formas de vida ancestrales. Su persecución refleja una política más amplia de racismo estructural, despojo territorial y asimilación forzada. Su derecho a vivir su cultura, hablar sus lenguas y proteger sus tierras debe ser respetado.
Lea "Presos políticos indígenas en Nicaragua tildados de 'brujas' y prohibidos de hablar su lengua", publicado en Confidencial a continuación.
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Presos políticos indígenas en Nicaragua son tildados de "brujos" y se les prohíbe hablar su idioma
Doce líderes indígenas detenidos en la cárcel de hombres “La Modelo” y la de mujeres “La Esperanza” de Nicaragua sufren maltrato discriminatorio y racista, según un informe reciente.
Los presos políticos indígenas de Nicaragua sufren discriminación constante en las cárceles La Modelo y La Esperanza, ambas en el municipio de Tipitapa. Los presos se quejan de que las autoridades y los guardias los llaman "brujos" y etiquetan sus bebidas y medicinas naturales como "pócimas". Además, se les prohíbe hablar sus lenguas nativas, según un estudio presentado el 8 de agosto de 2025. Estas acciones, advierte el informe, constituyen una situación que "puede calificarse de etnocidio simbólico o exterminio".
La criminalización de líderes indígenas nicaragüenses “no puede entenderse como una suma de casos individuales, sino como parte de una política no reconocida que combina racismo estructural, despojo territorial e imposición de un modelo de asimilación”, concluyeron investigadores de la Asociación para la Defensa Jurídica, Registro y Memoria de Nicaragua (Aududrnic) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
El estudio identificó a 12 indígenas mayangna y miskitu capturados en operativos policiales excesivamente violentos. Además, han sido víctimas de desapariciones forzadas , malos tratos racistas, juicios falsos y traslados a prisiones ubicadas a cientos de kilómetros de sus territorios. Además, las autoridades penitenciarias les prohíben usar sus lenguas nativas y expresiones culturales tradicionales.
Los doce presos políticos indígenas incluyen:
- Brooklyn Rivera, exdiputado de la Asamblea Nacional, detenido el 29 de septiembre de 2023
- Nancy Elizabeth Henriquez, exdiputada suplente, detenida el 1 de octubre de 2023
- Ignacio Celso Lino, líder comunitario y defensor de la tierra, detenido 28 agosto 2021
- Argüello Celso Lino, juez comunal, detenido el 28 de agosto de 2021
- Donald Andrés Bruno Arcángel, guardabosques, detenido el 4 de septiembre de 2021
- Dionisio Robins Zacarias, guardabosques detenido el 4 de septiembre de 2021
Los malos tratos y las acciones discriminatorias contra los dirigentes indígenas recluidos como presos políticos transmiten “un mensaje simbólico de subordinación y dominación colonial”, enfatizó la investigación.
Estas acciones no sólo afectan a los indígenas presos, sino que también “erosionan la cohesión comunitaria, fracturan lazos culturales y amenazan la continuidad espiritual de sus pueblos, construyendo un escenario que puede calificarse de etnocidio simbólico o exterminio”.
¿Qué representan los presos políticos indígenas?
Los indígenas encarcelados “representan la lucha por defender su forma de vida ancestral”, advirtió Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Legal. “Al criminalizar a los defensores de la tierra, criminalizar a los defensores de la cultura, se busca destruir su forma de vida (comunitaria) y su cultura. Por eso se considera etnocidio”.
El encarcelamiento de estas personas impide “la defensa de esa forma de vida ancestral; impide a los pueblos indígenas disfrutar de sus derechos, usar su medicina tradicional, hablar su lengua y preservar su relación con la tierra”, explicó Pineda. No se trata solo de 12 indígenas encarcelados por motivos políticos, sino de todo lo que su encarcelamiento implica para las comunidades.
Entre los detenidos se encuentran guardabosques, cuya labor es precisamente defender la relación de las comunidades con la tierra. ¿Qué significa su encarcelamiento para los demás guardabosques? Significa que otros líderes indígenas dejarán de ejercer esa labor por temor a ser encarcelados. Eso es lo que pretende el régimen Ortega-Murillo, declaró.
El director de la Unidad de Defensa Legal agregó que el régimen “busca destruir la identidad cultural de las comunidades indígenas mediante el encarcelamiento, la tortura y la asimilación forzada, que consiste en negar su propia lengua, sus propias formas de atención médica y su propia educación para asumir una identidad no indígena”.
Acusado de “brujería”
La investigación acusó al Sistema Penitenciario Nacional de operar bajo “una lógica punitiva occidental y hegemónica que oscurece y desmantela sistemáticamente valores, conocimientos y prácticas ancestrales”.
Este modelo carcelario, ajeno a la cosmovisión indígena, impone “un régimen de asimilación forzada incompatible con el principio de igualdad y no discriminación y, en general, con el derecho internacional de los derechos humanos”.
El informe destaca que, en la prisión La Modelo, las autoridades penitenciarias han tildado despectivamente a los reclusos indígenas de "brujos" por intentar preservar sus prácticas culturales mediante el consumo de alimentos tradicionales como el wabul y de buñia , así como el uso de medicinas naturales como la albahaca, la flor de San Diego o el culantro, a veces estigmatizados como "pociones". Estos artículos, esenciales para la supervivencia cultural y espiritual, son confiscados con frecuencia.
Otra forma de discriminación contra los presos políticos indígenas es la restricción de comunicarse en su lengua materna, incluso durante las visitas familiares, por motivos de seguridad o control disciplinario. Esta práctica, afirman, tiene un impacto devastador, ya que viola no solo el derecho a comunicarse libremente y a mantener vínculos afectivos con sus familias, sino también el derecho a la identidad lingüística y cultural, especialmente protegido en contextos de confinamiento.
Impedir que los presos hablen su idioma con sus seres queridos “transmite un mensaje simbólico que niega su humanidad o identidad, lo que puede constituir una forma de tortura cultural y psicológica”, explica el documento.
En el caso de las personas mayores o con un dominio limitado del español, negarles el uso de su propia lengua equivale a un aislamiento forzado y a la pérdida de su única forma de expresión significativa. Además, en términos colectivos, estas prácticas buscan erosionar la transmisión intergeneracional de la lengua, debilitando uno de los pilares fundamentales de la resistencia cultural de los pueblos indígenas.
Estos actos discriminatorios en el sistema penitenciario nicaragüense impactan a los pueblos indígenas de manera particularmente grave y desproporcionada, ya que representan no solo una agresión física, sino también un ataque estructural a su identidad, espiritualidad y forma de vida tradicional. No se trata solo de la falta de servicios básicos —que constituyen graves violaciones en sí mismas—, sino de una forma de violencia cultural continua que desconoce su cosmovisión y rompe sus vínculos esenciales con la comunidad y el territorio, enfatiza el estudio.
Tortura esencialmente racista
La investigación confirma que los presos políticos indígenas han sufrido torturas como golpes con puños, rifles AK-47 o porras; simulación de ahogamiento sumergiendo sus cabezas en un balde de agua o en un río; electrocución; encadenamiento prolongado de manos y pies; aislamiento prolongado; amenazas de muerte; así como falta de agua potable, alimentación adecuada, atención médica adecuada y agresión sexual.
Estas formas de tortura, advierte la investigación, no solo tienen una faceta individual, sino también cultural y espiritual. Por ejemplo, el informe señala que, al golpear a alguien por hablar una lengua indígena, se transmite el mensaje de que la cultura, la identidad y la historia de los pueblos indígenas son algo prohibido o inferior. «Es un intento de aniquilación simbólica, donde se pretende erradicar la lengua nativa como núcleo de la resistencia y la visión del mundo. Es un acto de racismo», sostiene el documento final.
De igual manera, el uso de un río en su propio territorio para simular un ahogamiento tiene una brutal dimensión simbólica, según la investigación. Con este acto, las autoridades del régimen han transformado un lugar sagrado ancestral en un instrumento de tortura, invirtiendo así su significado cultural. «Es un acto de violenta colonización territorial que busca fracturar la relación espiritual de la comunidad con la naturaleza», enfatizan los autores del informe.
En este mismo sentido, el documento señala que los periodos prolongados encadenados durante las presentaciones públicas no solo causan sufrimiento físico y psicológico, sino que también refuerzan la imagen de los líderes indígenas como criminales peligrosos, despojándolos así de su dignidad y valor social. Todo esto se convierte en un mensaje dirigido a la comunidad: «Esto es lo que les puede pasar si se resisten».
El encarcelamiento político ha sido devastador para los pueblos indígenas en su conjunto, ya que ha desarticulado sus liderazgos, silenciado a sus defensores territoriales y ambientales, e infundido terror en las comunidades. Esto, a su vez, ha debilitado la defensa de sus territorios y ha impulsado la destrucción cultural mediante la colonización interna.
Una forma de “violencia cultural”
El estudio enfatiza que las detenciones de los líderes indígenas se llevaron a cabo con una violencia desproporcionada. En algunos casos, las detenciones involucraron a alrededor de 60 agentes estatales. Este tipo de actos, afirman los líderes del estudio, genera terror, paraliza la organización comunitaria y transmite un mensaje que criminaliza la identidad indígena.
Además, confinar a los líderes indígenas en cárceles a casi 200 millas de sus comunidades implica una violación directa a sus derechos individuales, especialmente a su derecho a la integridad psicológica, debido al sufrimiento, estrés y pérdida de identidad que este castigo adicional genera.
“El aislamiento a cientos de kilómetros de sus territorios ancestrales no es una simple medida penal, sino una forma contemporánea de destierro forzoso, una práctica históricamente utilizada para someter y desarraigar a los miembros de los pueblos originarios”, subraya el informe.
“Esta política”, continúa, “se inserta en una lógica colonial, ya que rompe la relación vital que une a los pueblos indígenas con sus tierras y comunidades, como base de su identidad colectiva. En otras palabras, también es una forma de violencia cultural”.
En otros asuntos, el informe señala que los juicios políticos a los líderes indígenas presos se desarrollaron sin garantías penales, situación que, además de perjudicarlos, deslegitimó la lucha indígena, erosionó su liderazgo y perpetuó la exclusión histórica de los pueblos originarios, impidiendo su pleno ejercicio de la autodeterminación, el acceso a la justicia intercultural y a la reparación integral.
El sistema judicial nicaragüense se ha convertido en un mecanismo más de colonización jurídica interna, según el documento. «Ninguno de los indígenas acusados contó con intérpretes, a pesar de las garantías constitucionales, lo que afectó su capacidad de defensa», afirma el informe.
Además, todos los presos indígenas fueron retirados de su tribunal y juez habitual, para ser procesados y encarcelados a casi 200 millas de sus hogares y su territorio, situación que no solo afectó su capacidad de defensa, sino que “constituyó en sí misma un castigo adicional por el sufrimiento que implicaba estar alejados de su familia, comunidad y cultura”, concluye el documento.