Imagen
NUEVA YORK - Un representante de los más de 10,000 indígenas maya achí desplazados o heridos durante la construcción de la presa Chixoy en Guatemala se unió esta semana al Centro de Recursos Legales Indígenas para exigir responsabilidades por los abusos de derechos humanos asociados con proyectos de desarrollo a gran escala.
Más de 30 años después de la construcción de la presa Chixoy, las reparaciones a las 33 comunidades que sufrieron brutales desalojos y violaciones de derechos humanos han sido escasas o nulas.
“Hacemos un llamado al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas para que verifique y condene los abusos ocurridos durante la construcción de la presa”, declaró Juan de Dios García Xajil, director de ADIVIMA, la organización que representa a las comunidades afectadas. “Es urgente que las Naciones Unidas actúen para que el Estado de Guatemala, el Banco Mundial y el BID sean sancionados por sus violaciones de derechos humanos”
Para facilitar la construcción de la presa Chixoy en las décadas de 1970 y 1980, las fuerzas de seguridad guatemaltecas desalojaron por la fuerza a comunidades enteras, perpetraron desapariciones forzadas, cometieron violaciones y ejecuciones extrajudiciales, y masacraron a cientos de civiles, incluyendo mujeres y niños. Los bancos conocían los graves problemas del proceso de reasentamiento, ignoraron sus propias directrices internas y continuaron financiando la presa. «Hoy vivimos en asentamientos precarios, sufriendo condiciones inhumanas y pobreza extrema», explica García Xajil.
Tras décadas de lucha, en 2009 las comunidades, junto con el Gobierno, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, acordaron un inventario de daños y perjuicios, del cual se finalizó un Plan de Reparaciones en 2010. Sin embargo, tres años después, el Plan de Reparaciones no se ha implementado y los compromisos del Gobierno y los Bancos siguen sin cumplirse.
“Los bancos multilaterales de desarrollo y sus Estados miembros tienen la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas”, declaró Armstrong Wiggins, director de la Oficina de Washington del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas. “Las comunidades afectadas deben ser indemnizadas por los daños sufridos, como parte de su propio derecho a reparación, pero también para garantizar que esta injusticia no se repita”
ADVIMA y el Centro se están reuniendo con representantes de pueblos indígenas y Estados, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y organizaciones de derechos humanos para pedir reparaciones en el caso Chixoy y una mayor responsabilidad de los bancos internacionales de desarrollo por los impactos de las actividades de desarrollo en los derechos humanos.
Las actividades de desarrollo a gran escala siguen amenazando las tierras y territorios de los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. La forma en que los bancos de desarrollo interactúan con los pueblos indígenas es un tema central del período de sesiones de este año del Foro Permanente de las Naciones Unidas y un asunto crucial para los cientos de delegados indígenas que asisten a la sesión.
Siga las actividades del Centro en el Foro en www.indianlaw.org .
###
Acerca del Centro de Recursos Jurídicos Indígenas
El Centro de Recursos Legales para Indígenas es una organización sin fines de lucro dedicada al derecho y la defensa de los derechos de los indígenas estadounidenses. Tiene su sede en Helena, Montana, y también cuenta con una oficina en Washington, D. C. Brindamos asistencia legal gratuita a los pueblos indígenas de América del Norte, Central y del Sur que trabajan para proteger sus tierras, recursos, derechos humanos, medio ambiente y culturas. Para más información, visítenos en línea en www.indianlaw.org o www.facebook.com/indianlawresourcecenter .
Acerca de ADIVIMA
La Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) es una organización comunitaria de derechos humanos fundada por sobrevivientes del genocidio en Guatemala. Su misión es buscar soluciones a los problemas sociales, económicos, educativos y políticos causados por el conflicto interno de Guatemala, así como garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la preservación del registro histórico. Más información en www.adivima.org.gt .