En octubre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su decisión final en un caso que presentamos en 1998 en nombre de los mayas del sur de Belice. La Comisión afirmó que el Gobierno de Belice está violando los derechos humanos de las comunidades mayas al no proteger sus derechos a la propiedad, la igualdad y un juicio justo. La Comisión enfatizó que, en virtud de sus obligaciones bajo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Gobierno de Belice debe:
- Establecer los límites de las tierras que los mayas han usado y habitado, trabajando con los mayas de acuerdo con sus costumbres;
- Reconocer oficialmente los derechos de propiedad colectiva de las comunidades mayas y tomar medidas apropiadas para proteger estos derechos; y
- Obtener el consentimiento informado de los mayas antes de realizar cualquier acción, incluida la autorización de la tala o la extracción de petróleo, que pueda afectar sus tierras o territorios.
Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (octubre de 2004) - Inglés (PDF)
El informe de la Comisión es la declaración más clara hasta la fecha sobre la legislación que protege los derechos territoriales indígenas en el hemisferio y representa un avance significativo en el derecho internacional de los derechos indígenas. Nos enorgullece especialmente que, en su decisión, la Comisión se basara en varios otros casos presentados por el Centro, en particular las decisiones sobre Awas Tingni y Western Shoshone. Este informe representa una gran victoria para el pueblo maya. Representa años de arduo trabajo por parte de las comunidades mayas, el Centro y otros actores.
Desde principios de la década de 1990, el Centro ha ayudado a los mayas del sur de Belice en su lucha para resistir las incursiones ilegales en sus tierras y reafirmar sus derechos sobre estos territorios. Primero, en nombre del Consejo Cultural Maya de Toledo, y más recientemente en colaboración con la Alianza de Líderes Mayas, hemos recurrido a la defensa y el litigio en Belice y a nivel internacional para asegurar estos derechos. Durante la década de 1990, colaboramos estrechamente con las comunidades mayas para crear el Atlas Maya, resultado de un innovador proyecto de mapeo indígena en el que los mayas utilizaron tecnología SIG, investigación de campo y cientos de entrevistas con miembros de la comunidad para mapear las áreas de uso y ocupación maya.
En 1998, presentamos un caso en nombre de los mayas ante la Comisión Interamericana. Si bien el Gobierno de Belice reconoció en un acuerdo de 2000 que los mayas tienen derechos sobre las tierras del sur de Belice, no tomó medidas para reconocerlos ni protegerlos legalmente. A principios de 2003, el Gobierno reconoció algunas de las demandas de los mayas y aprobó una ley que establece límites marginales al desarrollo a lo largo de un corredor que atraviesa su territorio. Este corredor abarca una carretera que forma parte del Plan Puebla-Panamá, un proyecto de carretera panamericana financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y planificado sin el consentimiento de las comunidades indígenas por cuyos territorios atravesará la carretera.