El 10 de mayo de 2005, el Banco Mundial aprobó una versión revisada de su Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (OP 4.10). 2 A pesar de la misión del Banco Mundial de reducir la pobreza, muchos de los proyectos de desarrollo que ha financiado han causado daños y dislocaciones significativas a las comunidades indígenas. Para la década de 1970, se había hecho evidente la necesidad de controles internos en el Banco para evitar los peores de estos abusos. Bajo la presión internacional de los pueblos indígenas y otros, el Banco Mundial emitió su primera política interna sobre "pueblos tribales" en 1982, y una política revisada sobre pueblos indígenas en 1991. En 1994, el Banco inició un esfuerzo para revisar todas sus políticas internas, y en 1998 presentó para revisión y consulta pública un documento de enfoque sobre una nueva política para pueblos indígenas.
A pesar de profesar un interés en incluir a los pueblos indígenas en las primeras etapas de la revisión de su política sobre pueblos indígenas, el Banco elaboró la OP 4.10 a puerta cerrada, permitiendo solo las aportaciones más superficiales y apenas tomándolas en cuenta en el borrador que presentó por primera vez para revisión pública en 2001. Los defensores indígenas respondieron a este borrador inicial y al proceso que lo produjo con fuertes críticas sobre la falta de transparencia y el fracaso del Banco para consultar eficazmente con expertos indígenas. No obstante, los defensores indígenas obtuvieron importantes victorias procesales y sustantivas en sus esfuerzos por mejorar la política del Banco. En 2002, un grupo de líderes indígenas que se reunieron en Washington para las reuniones de la Organización de los Estados Americanos consiguió una reunión con el entonces vicepresidente del Banco a cargo de la revisión de la política, Ian Johnson, para discutir la política y obtuvo un compromiso para una reunión seria con el asesor legal del Banco.
Esa reunión, considerada una Mesa Redonda Jurídica, se celebró durante dos días en octubre de 2002 y atrajo a algunos de los abogados y funcionarios más destacados del Banco, así como a representantes indígenas de todo el mundo. La reunión brindó la oportunidad de entablar un diálogo serio sobre los derechos internacionales de los pueblos indígenas y la necesidad de que la política exigiera el respeto de dichos derechos. Tras un debate extenso y sustantivo, el entonces vicepresidente Johnson anunció que el Banco retiraría su política revisada sobre pueblos indígenas, la reformularía para tener mejor en cuenta las preocupaciones planteadas y la sometería a consulta pública. Esta fue la primera vez en la historia del Banco que retiraba y reformulaba una propuesta de política de salvaguardia revisada, un hito significativo para los defensores de los derechos indígenas. La Mesa Redonda también condujo al establecimiento de un nuevo programa de préstamos del Banco dedicado a financiar proyectos de desarrollo iniciados por los propios pueblos indígenas.
Después de un proceso de revisión de siete años, el Directorio del Banco aprobó oficialmente la política revisada en mayo de 2005.
Breve análisis de la política operativa del Banco Mundial
En su versión final, la OP 4.10 contiene avances significativos con respecto a la política de 1991. Quizás lo más importante es que impone nuevos requisitos a los proyectos que afectan tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por pueblos indígenas. Si bien la política no exige el reconocimiento de derechos legales en todas estas circunstancias, sí establece los procedimientos para obtener dicho reconocimiento en la mayoría de los casos. La nueva política también fortalece el papel de las comunidades indígenas en la toma de decisiones al exigir su consulta previa e informada sobre las actividades financiadas por el Banco que las afecten, y exige el "acuerdo previo" de los pueblos indígenas para cualquier explotación comercial de sus recursos culturales. A diferencia de la política de 1991, la OP 4.10 reconoce algunas de las preocupaciones especiales planteadas por las áreas de conservación y las industrias extractivas. Y, en mucha mayor medida que la política de 1991, la OP 4.10 enfatiza la necesidad de materiales informativos, beneficios del proyecto y procesos de consulta culturalmente apropiados.
Sin embargo, como han señalado desde hace tiempo los defensores indígenas, la OP 4.10 presenta graves deficiencias que probablemente permitan que las actividades financiadas por el Banco sigan poniendo en peligro los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Muchas de estas deficiencias se derivan de la negativa del Banco a exigir que las actividades de los proyectos respeten los derechos jurídicos internacionalmente reconocidos, en particular en el contexto de
Tierras y Recursos Naturales; Consentimiento Libre, Previo e Informado; Reubicación Física; Parques y Áreas Protegidas; Preparación de Proyectos; y Sistemas Nacionales.
Para un análisis detallado del OP 4.10 consulte el enlace correspondiente a continuación.
Nueva dirección, nuevos estándares para los bancos multilaterales de desarrollo
Si bien la OP 4.10 mejora la política del Banco de 1991, no garantiza que los proyectos de desarrollo financiados por el Banco respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Es probable que este incumplimiento conduzca no solo a la devastación de las comunidades indígenas, sino también al aumento de los conflictos civiles y a la disminución de la productividad y la eficacia del desarrollo de estos proyectos. Esta política también es un mal presagio para el enfoque general del Banco: en la medida en que la OP 4.10 puede considerarse un modelo, el Banco aparentemente pretende seguir apoyando un desarrollo que no se ajuste a las normas jurídicas básicas, cada vez más aceptadas por la comunidad internacional. Esto podría tener graves repercusiones en la biodiversidad, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y muchos otros ámbitos. Mientras el Banco siga sosteniendo que no está sujeto al derecho internacional vigente, es seguro que los abusos continuarán.
La creación de nuevas leyes que obliguen a los BMD a rendir cuentas de conformidad con las normas de derechos humanos puede ser la única manera de garantizar que los pueblos indígenas y otras comunidades locales no sigan sufriendo las consecuencias de las prácticas de desarrollo irresponsables financiadas por los BMD. Como resultado, el Centro de Recursos Jurídicos de la India está pidiendo la creación de nuevos estándares de derechos humanos que se apliquen directa y explícitamente al Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo.
Documentos del Banco Mundial:
Política Operacional del Banco Mundial (OP 4.10) (mayo de 2005)
Documentos del ILRC:
La política del Banco Mundial para los pueblos indígenas: éxitos y reveses (Centro de Recursos Jurídicos Indígenas, octubre de 2005)