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Un ejemplo de la injusticia de la ley federal y de las medidas administrativas federales contra las tribus indígenas es el reciente trato dado a la tribu Timbisha Shoshone, una pequeña tribu del Valle de la Muerte, California. Hace algunos años, la Comisión de Reclamaciones Indígenas otorgó una indemnización a la tribu Timbisha Shoshone y a otras tribus shoshone occidentales, y el dinero se depositó en el Tesoro de Estados Unidos en un fideicomiso para las tribus. Posteriormente, en 2004, el Congreso aprobó una ley que les quitó todo el dinero a las tribus y ordenó que se distribuyera entre indígenas individuales, no necesariamente entre sus miembros. El Congreso estableció sus propias normas sobre quién recibiría el dinero. Las tribus se quedaron sin nada del dinero que se les había otorgado. Simplemente les arrebataron más de 140 millones de dólares sin compensación ni el debido proceso legal.
Con nuestra ayuda, la tribu Timbisha Shoshone contraatacó demandando para detener la apropiación del fondo, argumentando que tomar el dinero de la tribu sin compensación ni el debido proceso constituye una violación de la Constitución de Estados Unidos. Presentamos la demanda en 2010. Ciertamente, si este caso implicara la apropiación de dinero de alguien que no fuera una tribu indígena, la apropiación estaría prohibida por la Constitución. El gobierno federal argumentó que, dado que el dinero pertenecía a una tribu, el Congreso podía tomarlo todo y dárselo a otros. De hecho, el gobierno federal argumenta que puede tomar o disponer de todo el dinero y las propiedades pertenecientes a cualquier tribu, sin restricción alguna y sin obligación de compensarla. Obviamente, esto es injusto y discriminatorio.
