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Desde 2012, el Centro ha ayudado a siete comunidades indígenas de Oaxaca, México, a impugnar la construcción de un proyecto de energía renovable financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Proyecto Eólico Mareña Renovables, que se perfilaba como el parque eólico más grande de América Latina y el primero en proximidad al océano, se construiría en tierras de propiedad colectiva de las comunidades.
En diciembre de 2012, presentamos una queja en su nombre ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), el mecanismo interno del Banco para la tramitación de quejas sobre proyectos. La queja solicitaba al MICI que buscara un diálogo entre la empresa eólica y las comunidades, y que evaluara el incumplimiento de las políticas del Banco, en particular la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas.
El parque eólico se construiría en Santa Teresa, un banco de arena del que dependen estas comunidades para la pesca y la práctica de ceremonias tradicionales. Toda la infraestructura que rodea este proyecto, incluyendo carreteras, subestaciones, turbinas y líneas de transmisión, se construiría en tierras de las comunidades.
Se alcanzaron hitos cruciales en los últimos años. En 2013, la empresa decidió no continuar con el proyecto en la zona donde habría afectado negativamente a las siete comunidades. Ese mismo año, el MICI decidió investigar a fondo el proyecto y evaluar el cumplimiento de las políticas aplicables del Banco. En septiembre de 2016, el MICI completó el informe de revisión de cumplimiento, concluyendo que la Administración del Banco incumplió las políticas operativas del Banco, incluidas las de acceso a la información, cumplimiento de las salvaguardias y pueblos indígenas. No se logró ningún diálogo con la empresa porque esta se negó a entablar un diálogo con las comunidades.
El Directorio Ejecutivo del Banco respaldó plenamente las conclusiones y recomendaciones del informe. Si bien algunas recomendaciones son específicas para el proyecto, otras están orientadas a mejorar el marco de políticas del Banco. Por ejemplo, el informe solicita a la Administración que haga públicos todos los documentos del proyecto que no publicó a pesar de que eran de divulgación obligatoria. También solicita a la Administración que comunique a las comunidades el estado del proyecto, que ha sido cerrado. Finalmente, el informe insta a la Administración a revisar y actualizar la política operativa sobre pueblos indígenas y a elaborar una guía sobre cómo debería operar el Banco en presencia de conflictos sociales significativos.
Si bien estamos sumamente satisfechos con el resultado general de este trabajo hasta la fecha, aún no ha concluido. Concluirá una vez que se hayan implementado plenamente todas las recomendaciones del MICI. El Directorio Ejecutivo del Banco no solo solicitó a la Administración que elaborara un plan de acción sobre cómo implementaría las recomendaciones, sino que también solicitó que el MICI participara en el proceso. Participaremos en este proceso y tomaremos las medidas que consideremos necesarias para lograr su plena implementación, especialmente aquellas orientadas a restablecer las relaciones entre las comunidades y a mejorar el marco de políticas sobre pueblos indígenas y cuestiones sociales.
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