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El 15 de junio de 2016, tras casi 30 años de incidencia y negociación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La OEA es una organización intergubernamental regional de 35 países miembros de las Américas, incluido Estados Unidos.
La Declaración Americana ofrece protección específica a los pueblos indígenas de América del Norte, México, América Central y del Sur, y el Caribe. Afirma el derecho a la libre determinación, los derechos a la educación, la salud, el autogobierno, la cultura, las tierras, los territorios y los recursos naturales, e incluye disposiciones que abordan la situación particular de los pueblos indígenas en las Américas, incluyendo protecciones para quienes viven en aislamiento voluntario y para quienes se ven afectados por un conflicto armado interno. El Artículo VII de la Declaración aborda la igualdad de género e incluye el compromiso de que «los Estados adoptarán las medidas necesarias, en colaboración con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas».
La Declaración Americana es un instrumento regional integral de derechos humanos y se convertirá en uno de los instrumentos más importantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretarán la Declaración para dar contenido a otros instrumentos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos —el principal tratado regional de derechos humanos— y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
A lo largo de las negociaciones, el Centro desempeñó un papel clave organizando reuniones preparatorias con los pueblos indígenas de las Américas, desarrollando propuestas y estrategias, y brindando apoyo legal a los líderes indígenas que asistieron a las negociaciones.
