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El 15 de junio de 2016, tras casi 30 años de promoción y negociación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La OEA es una organización intergubernamental regional integrada por 35 países miembros de las Américas, entre ellos Estados Unidos.
La Declaración Americana ofrece protección específica a los pueblos indígenas de Norteamérica, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Afirma el derecho a la libre determinación, a la educación, la salud, la autonomía, la cultura, las tierras, los territorios y los recursos naturales, e incluye disposiciones que abordan la situación particular de los pueblos indígenas en las Américas, incluyendo la protección de quienes viven en aislamiento voluntario y de quienes se ven afectados por un conflicto armado interno de un Estado. El Artículo VII de la Declaración trata sobre la igualdad de género e incluye el compromiso de que “los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las mujeres y los niños indígenas”.
La Declaración Americana es un instrumento regional integral de derechos humanos y se convertirá en uno de los instrumentos más importantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretarán la Declaración para dar contenido a otros instrumentos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos —el principal tratado regional de derechos humanos— y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
A lo largo de las negociaciones, el Centro desempeñó un papel fundamental al organizar reuniones preparatorias con pueblos indígenas de las Américas, elaborar propuestas y estrategias, y brindar apoyo jurídico a los líderes indígenas que participaron en las negociaciones.
