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El 15 de junio de 2016, después de casi 30 años de defensa y negociación, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La OAS es una organización intergubernamental regional de 35 países miembros de las Américas, incluidos los Estados Unidos.
La Declaración Americana ofrece protección específica para los pueblos indígenas en América del Norte, México, América Central y del Sur, y el Caribe. Afirma el derecho de autodeterminación, derechos a la educación, la salud, el autogobierno, la cultura, las tierras, los territorios y los recursos naturales, e incluye disposiciones que abordan la situación particular de los pueblos indígenas en las Américas, incluidas las protecciones para quienes viven en aislamiento voluntario y aquellos afectados por el conflicto armado interno de un estado. El artículo VII de la Declaración aborda la igualdad de género e incluye un compromiso de que "los estados adoptarán las medidas necesarias, junto con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, particularmente contra las mujeres y los niños indígenas".
La Declaración Americana es un instrumento integral de derechos humanos regionales y se convertirá en uno de los instrumentos más importantes del sistema interamericano de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos interpretarán la declaración para proporcionar contenido a otros instrumentos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el principal tratado regional de derechos humanos y la Declaración de Derechos y deberes estadounidenses del hombre.
A lo largo de las negociaciones, el Centro desempeñó un papel clave en la organización de reuniones preparatorias antes de las negociaciones con pueblos indígenas de las Américas, desarrollando propuestas y estrategias, y brindar apoyo legal a los líderes indígenas que asisten a las negociaciones.
